lunes 24 de septiembre de 2018

Noticias | 23 ago 2018

La Iglesia renunciará al aporte del Estado


La Iglesia católica inició formalmente con el Gobierno tratativas para renunciar al aporte económico del Estado, confirmó la Conferencia Episcopal Argentina, que agrupa al centenar de obispos del país. Con todo, los prelados precisaron que la renuncia se hará “de manera gradual” y estará supeditada a la entrada en vigencia de un nuevo sistema de sostenimiento del culto católico con vistas a lo cual se están estudiando “nuevas alternativas” con las autoridades nacionales.

 

En base al artículo 2 de la Constitución y a un decreto de 1979, los obispos reciben una asignación mensual que hoy promedia los 40 mil pesos, mientras que los párrocos de frontera y los seminaristas menores reciben una pequeña ayuda. Ello implica para este año una erogación del Estado de poco más de 130 millones de pesos, alrededor del 7 % del presupuesto de la Iglesia católica, o sea, de los 65 obispados en que se divide eclesialmente el país.

 
Ese aporte quedó en el ojo de la tormenta durante el debate por la legalización del aborto, a lo que la Iglesia se opuso férreamente. Sobre todo, cuando en uno de sus habituales informes ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló la cifra de esa contribución ante un pedido de la diputada Carla Carrizo, del Frente Renovador. Para los obispos aquello fue una maniobra distractiva del Gobierno, al igual que la habilitación del proyecto sobre el aborto.

 

Con el paso de los meses –y muy especialmente tras el rechazo del Senado a la legalización del aborto- sobre todo organizaciones feministas comenzaron a promover la “separación” de la Iglesia del Estado, que a nivel nacional se ciñe al aporte económico. Porque un concordato suscrito en 1966 entre el Estado y el Vaticano había suprimido otros vínculos como la injerencia gubernamental en la designación de obispos. Por lo demás, los tedeum son un pedido del Gobierno de turno.


El anuncio de las tratativas con el Gobierno fue hecho a través de un comunicado difundido durante la reunión de mitad de año de la cúpula del Episcopado –una veintena de obispos nucleados en la comisión permanente- que preside el obispo de san Isidro, Oscar Ojea, y que se realizó esta semana en esta capital. “Los obispos –dice el texto- recibieron un informe de la comisión integrada por la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, la Secretaría de Culto de la Nación y la Conferencia Episcopal Argentina, que está analizando nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del Culto”.

 

El comunicado agrega que “se acordó seguir profundizando dichas alternativas y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado Nacional”. Si bien no especifica cuál son las “alternativas”, se descuenta que incluye el análisis de mecanismos como los que existen en Italia, Alemania y España, donde el Estado brinda su estructura para que los fieles canalicen su aporte.


En Italia, en su formulario del pago del impuesto a los réditos llamado “asignación tributaria”, los ciudadanos eligen destinar un pequeño porcentaje (0,08%, el “otto per mille”) a una confesión religiosa de su preferencia o al Estado para fines sociales o a ninguno. En España y en Alemania rigen sistemas similares, aunque en este último país el contribuyente “añade” un monto a lo que ya debe tributar. Es un “impuesto eclesiástico”.

 

El abogado Octavio Lo Potre, ex presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), considera que “pueden mencionarse algunos aspectos positivos de estos modelos, entre otros que desaparecen las críticas de los ciudadanos en torno a ser obligados a mantener una iglesia que no es la propia,”.

 

También, añade, “que el sistema es muy eficaz al utilizarse el aparato recaudatorio estatal y, además, que las confesiones religiosas (cuyos ingresos pasan a tener cierta previsibilidad) coadyuvan a formar una cultura tributaria en sus feligreses, ya que incentivan el pago de impuestos”. Esto podría implicar la intervención del Congreso.

 

Fuente: Clarín

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