31 may 2022
Fernández informó que mantuvieron "reuniones con Mónica Acosta, como presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, para hacerle llegar nuestras impresiones y sugerencias. Sabemos que se brindó la palabra a actores que anteriormente no tuvieron la oportunidad, como los pretendientes de algunas zonas o las Cámaras de Turismo y Comercio".
"A medida que pasan los años las condiciones se actualizan, porque las características naturales se van modificando. Todas las actualizaciones se hacen en un plan de manejo, no deberían estar en la Ley. Pero las y los legisladores quieren escuchar todas las voces y nos parece razonable", agregó.
Respecto a la utilidad de declarar el área protegida, Fernández detalló que "es un área que empieza en el Río Irigoyen, en la zona norte y, en la zona sur, pasaría el Río Moat. Abarca más de un millón de hectáreas entre áreas marítimas y terrestres. Sería una de las áreas protegidas más grandes de la Argentina y, además, conserva casi el 90% de las turberas del país. Que son enormes pulmones, porque captan el dióxido de carbono".
Además, "hoy el área es regulada por un decreto del Gobernador. Pero hay condiciones de control que se requieren. La Ley es un instrumento que permite exigir al Estado mayores fondos y planes de conservación. Permitirá jerarquizar el área, conservarla, aplicar sanciones y, de alguna manera, posicionarnos a nivel internacional en un área de enorme valor ambiental".
En cuanto a la explotación turística, Fernández expuso que "la Ley de bosques y áreas protegidas prevé cosas que están permitidas y cosas que no. Por ejemplo, en las reservas costeras, se permite la pesca artesanal, el turismo, el senderismo, el tránsito regulado por canales habilitados. No va a ser un área prohibitiva y cerrada, será un lugar en el que se permitirán muchas cosas. Siempre hay mucho mito, piensan que será un Parque Nacional y no, por el contrario".
"Hubo un proyecto nacional para que haya hoteles de alto lujo en áreas protegidas de la Argentina, incluso en parques nacionales. Pero eso fue repudiado, porque serían lugares elitistas que no derraman en la provincia. Creemos que debe ser un área protegida para la comunidad y que se pueda explotar turísticamente. También se puede hacer explotación en las áreas de influencia, en los alrededores", sostuvo.
Sobre los temas a tratar, Fernández dijo que "se van a discutir los límites y, posiblemente, el acceso público. Hoy el área tiene un tema, porque para acceder se debe pedir permiso a un privado. El otro punto es el financiamiento. Cómo se financiará el área pública. Además de las posibles pretensiones de tierra de gente que ha estado ahí desde hace muchos años".
Consultada por la gente que reclama terrenos, la ambientalista subrayó que "la Ley 313 prevé 20 años de tramitación para pretender un área fiscal. Pero al día de hoy, no hay ningún expediente de pretensión de tierra. La verdad es que llama la atención que hoy, que está este debate en la agenda pública, de repente aparezcan pretensiones cuando nunca lo hicieron en 20 años".
Por último reflexionó sobre el rol de los cuerpos deliberativos de la provincia en la sanción de normas ambientales y manifestó que "en general, no suelen contratar asesores científicos o especialistas ambientales. Suelen contratar abogados o economistas. Cuando hay que votar una Ley de Salud ¿qué mejor que un médico para hablar del tema? Creo que es un proceso y que estos temas empezarán a ser parte de la agenda pública. Está bueno que entiendan que hay otras opciones para ser asesorados".
"Yo creo que la pandemia fue un condicionante que generó que esto no sea prioridad, y en eso estábamos de acuerdo. La Legisladora volvió a presentar el mismo proyecto histórico con algunos maquillajes. Entiendo que el año pasado también pudo haber otras prioridades. Lamentablemente en algunos temas, como con salmoneras o Corredor del Beagle, si la comunidad no está presionando se ponen bajo el cajón", cerró.
Fuente: Sur54