Cuál es la edad mínima de responsabilidad criminal en otros países de la región

La baja de la edad de imputabilidad volvió a ponerse en agenda. El Gobierno volvió a manifestar su intención de llevarla de los 16 a los 15 años. En la región, la edad mínima de responsabilidad criminal va desde los 7 años, en Trinidad y Tobago, hasta los 18 en Brasil, según un informe de Unicef publicado en 2017.

"En muchos países hay un régimen intermedio de "responsabilidad social" de niños por debajo de la edad de responsabilidad criminal. Bajo esta perspectiva, niños por debajo de la edad mínima de responsabilidad criminal pueden estar sujetos a alguna forma de responsabilidad social, que incluye la posibilidad de sanciones", sostiene el estudio, titulado "Edades legales mínimas y la realización de los derechos de los adolescentes. Un repaso sobre la situación de América Latina y el Caribe".

El informe destalla que en Ecuador, por ejemplo, "los adolescentes desde los 12 años son considerados responsables de sus acciones a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil de justicia".

En Brasil también la edad mínima es 12, ya que "es a partir de esta edad que un niño/niña puede ser considerado responsable por sus actos, mediante un sistema de justicia penal juvenil", explicaron desde Unicef.

En el caso de Uruguay, la legislación penal para menores está estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece un régimen especial para jóvenes de entre 13 y 18 años. Las penas aplicables son diferentes a las de los adultos, y a los 18 años salen y se borra el expediente.

La situación de los menores institucionalizados en Argentina

• Según un relevamiento realizado por Unicef, hay 1305 menores privados de su libertad en centros cerrados.
• Casi la totalidad son varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años.
• Al momento del relevamiento, el 6,3% eran niños menores de 16 años.
• El 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe.

La postura de Unicef

• "La normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño".
• "De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos".
• "La ausencia de una ley marco nacional favorece discrepancias entre provincias".
• "En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
• "La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son retos que aún perduran en el sistema de justicia".
• Unicef propone "la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen -como regla- medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal"
• "Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia".
• "Sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria".
• "Sería un gran avance contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces para abordar esta problemática".

En qué trabaja el Gobierno

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , confirmó que el gobierno de Cambiemos buscará bajar a 15 años la edad de imputabilidad para los delitos graves. Además, se creará un régimen socioeducativo para los menores que cometen un crimen.

La propuesta vuelve a dividir opiniones entre los que creen que ayudará disminuir las tasas de delitos y los que consideran que se trata de una medida con tono de campaña electoral.

Esta no es la primera vez que la edad de imputabilidad entra en debate. De hecho es un tema recurrente en la agenda política de cada gobierno de turno.

En 2009, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, el Senado aprobó un régimen penal juvenil para menores de entre 14 y 16 años. Esta iniciativa fracasó en Diputados.

La ley vigente en la Argentina, conocida como Régimen Penal de Minoridad fue promulgada en 1980, durante la última dictadura militar. Según esa normativa, los menos de 16 años no pueden ser juzgados ni ser detenidos en una cárcel: se los considera inimputables.

Pero la misma ley permite que puedan ser internados en institutos penales si así lo decide un juez, en donde pueden permanecer por tiempo indeterminado. Esto genera polémica ya que en rigor se trata de una medida de encierro sin que haya juicio previo.

Los adolescentes de entre 16 y 18 años en cambio, son considerados punibles si cometen delitos con penas mayores a 2 años de prisión, aunque sólo pueden ser enviados a la cárcel una vez cumplidos los 18 años.

Esta nota fue originalmente publicada en enero de 2017

Fuente: la Nación