"Pacto de Mayo". Cuánto deberían recortar las provincias para cumplir el objetivo de Milei

- Los tironeos entre Javier Milei y los gobernadores deberán, en las próximas semanas, aflojar si se logra avanzar en el “Pacto de Mayo” convocado por el presidente en la asamblea legislativa, que incluye reformas laborales, impositivas y políticas.

 

La previa es el próximo viernes, cuando los mandatarios provinciales se verán con Guillermo Francos y Nicolás Posse, ministro del Interior y jefe de Gabinete respectivamente. El esquema enunciado exige que las provincias ajusten su nivel de gasto. Todo indica que la Nación sostendrá el recorte de los recursos que les gira.

 

En los últimos 24 años, el gasto público consolidado entre Nación y Provincias pasó de representar 21,6% a 31,9% del PIB, 10,3 puntos porcentuales más. De ese incremento, dos tercios corresponden a la Nación y un tercio las provincias (de manera heterogénea; más esfuerzo para achicar deben hacer las que dependen más de las transferencias discrecionales).

 

Otra posibilidad es que el ajuste resulte proporcional a la porción del gasto que cada nivel representa: si se dejan de lado los municipios, 62% Nación y 38% provincias. El“pacto de mayo” estará sujeto, dijo Milei, a la aprobación de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y a un nuevo Pacto Fiscal.

 

Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea, entienden que para alcanzar un superávit primario de 1,5% o 3% del PIB (este último implica equilibrio financiero) no alcanza sólo con recortar el gasto. También hay que aumentar los recursos (“preferentemente con impuestos poco distorsivos”) y lograr que las provincias ajusten sus erogaciones, de modo que necesiten menos transferencias discrecionales, con lo que se alivia el gasto nacional.

 

Ambos economistas están convencidos de que no hay otra salida más que intentar acuerdos en el Congreso para aprobar la reversión parcial de ganancias y el blanqueo. Ya el ministro Francos adelantó que la restitución de ganancias ingresará nuevamente. Sin esas medidas, subrayan, el ajuste necesario por el lado del gasto resultaría “bastante mayor, y menos viable”.

 

Además, debería continuar el año próximo, especialmente en Nación, por cuanto la salida del cepo como la salud de la competitividad requerirían ir eliminando el impuesto PAIS y reduciendo las retenciones.

 

De esa manera, el ordenamiento de la macroeconomía dependería menos “de la licuación de salarios y jubilaciones” y de impuestos “muy distorsivos, quizás ya con acceso al crédito externo”. Sobre ese punto, Idesa -consultora que dirige Jorge Colina- advirtió que para el superávit primario de enero la contribución de la caída en las transferencias provinciales fue marginal en la reducción total del gasto, mientras que la licuación que sufrieron las jubilaciones, las asignaciones familiares y los planes asistenciales fueron 10 veces más.

 

Los números de Economía muestran que el recorte de las transferencias corrientes y de capital a provincias equivalió a $0,4 billones; el ahorro por caída real en el gasto en empleados públicos fue $1,2 billones y el de las prestaciones sociales, $3,8 billones, de los cuales el 66% corresponde a las jubilaciones.

 

“Sin reducción en las transferencias a las provincias, igual hubiera habido superávit financiero. Hay un gran desbalance entre la intensidad de los ajustes y el nivel de conflictos que están generando. Particularmente preocupante es el conflicto con las provincias que son las menos perjudicadas en la licuación del gasto”, describe el reporte de Idesa.

 

Gastos provinciales

 

Capello y Cámpoli apuntan que, como el actual no es un año electoral, los gobernadores pueden hacer “esfuerzos” en reducir gastos si prevén que la economía y la situación fiscal mejorarían en 2025, cuando habrá elecciones de medio término. Incluso, alertan que los mandatarios podrían “justificar” el ajuste en las exigencias de la Nación y así “licuar, en alguna medida, sus responsabilidades”.

 

De cumplirse esa hipótesis, podría haber acceso a financiamiento internacional desde 2025 también para las provincias, con lo que habría más recursos para obras públicas en un año electoral.

 

Para alcanzar un superávit primario de 1,5%, Nación necesitaría un recorte del gasto equivalente al 2,33% del PBI, mientras que para que sea del 3%, la “motosierra” tiene que llegar al 3,43% del Producto. La poda total en las erogaciones primarias resultaría de entre 12,5% y 18,4% del gasto primario de 2023, respectivamente.

 

En el conjunto de provincias, se tendría un déficit primario de 0,76% del Producto en el primer escenario (recorte del gasto primario equivalente al 9,5% del Producto) y del 1,16% del PIB, en el segundo (la tijera debe llegar al 12,5% de las erogaciones primarias).

 

Fuente: La Naciòn