El “caso Machado” pone a prueba el control del financiamiento electoral

Las democracias se preocupan por quién financia la política con el objetivo de que el dinero privado no termine capturando al Estado. Esto significa que grupos con intereses particulares (como empresas o el crimen organizado) podrían llegar a controlar las decisiones de políticas públicas, desviándolas del interés ciudadano.

Por eso, las leyes de financiamiento político existen para limitar esa influencia, regulando quién, cuánto y cómo se puede aportar dinero a la política. El objetivo es asegurar una competencia justa y prevenir la corrupción.

Por eso, no sorprendió la alarma que generó el reciente caso del diputado José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, un empresario argentino bajo investigación en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico. El episodio pone sobre la mesa un tema central: cómo garantizar que el dinero que entra a la política sea limpio, trazable y legítimo.

Como señala Transparencia Internacional, para proteger la democracia de la corrupción y la influencia indebida, el financiamiento político debe provenir de fuentes legítimas y utilizar canales legales. Promover el dinero limpio en las elecciones significa cerrar oportunidades de que los actores encubiertos, criminales, extranjeros o nacionales, adquieran una ventaja política indebida sobre el discurso público y los resultados electorales.

El marco normativo argentino es, en el papel, bastante completo. El problema está en su control. La Justicia Electoral cuenta con atribuciones importantes, pero también con recursos escasos y capacidad limitada de fiscalización.

Los partidos y alianzas políticas pueden financiarse de dos maneras: a través de fondos públicos o privados. Los primeros vienen de dos fuentes. El Fondo Partidario Permanente, que se distribuye todos los años para el funcionamiento institucional. Y el Fondo de Campaña, que se entrega en los años electorales para financiar actividades proselitistas. Y a partir de aportes privados de personas físicas o empresas.

Sin embargo, los partidos no pueden recibir dinero de cualquier origen, ni en cualquier monto, ni usarlo sin control. La normativa argentina sigue estándares de países europeos en este sentido.

Para empezar, están prohibidas las donaciones anónimas. Todos los aportes deben estar bancarizados y declarados con nombre y apellido. Además, existen límites de cuánto puede donar una persona o empresa, y topes de gasto por partido y distrito.

Los partidos no pueden comprar publicidad en medios audiovisuales, porque ese espacio lo distribuye gratuitamente el Estado. Tampoco pueden recibir fondos de gobiernos más allá de los mecanismos ya mencionados.

Existen también fuentes prohibidas como empresas contratistas o concesionarias del Estado; empresas vinculadas al juego de azar; y gobiernos, empresas o ciudadanos extranjeros sin residencia en Argentina.

El objetivo de este esquema es evitar la entrada de dinero oscuro y preservar la independencia de los futuros gobernantes. Los límites a las donaciones buscan que nadie “invierta” tanto como para convertirse en el verdadero jefe de un político o espacio político. Y los topes de gasto apuntan a evitar desequilibrios en la competencia electoral, donde el que más plata tiene llega más lejos.

El problema es que la ley es bastante ignorada en la práctica. Las campañas argentinas están saturadas de zonas grises y de prácticas irregulares. Esto se manifiesta en aportes sin declarar, dinero con procedencia poco clara, y la simulación de gastos de campaña como si fueran actividades normales de gestión o comunicación del gobierno.

Los partidos, muchas veces, superan los límites de gasto reales, y la Justicia Electoral no cuenta con las herramientas suficientes para detectar y sancionar esas prácticas.

Desde Poder Ciudadano y Transparencia Internacional recomendamos fortalecer los organismos que deben controlar el financiamiento político, como la Cámara Nacional Electoral y su cuerpo de auditores, fortaleciendo la autonomía financiera para controlar, supervisar, imponer y facilitar el cumplimiento de las regulaciones de campaña.

Estos organismos deben cooperar e intercambiar información de manera proactiva con otras instituciones estatales como los organismos de gestión electoral, los organismos anticorrupción, las unidades de inteligencia financiera, las autoridades fiscales, los organismos de orden público, y el poder judicial en general, durante la investigación de posibles incumplimientos de las regulaciones de financiamiento político.

Al mismo tiempo, el marco legal debe prever sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias (de tipo civil, administrativo, disciplinario y penal) para los partidos políticos, campañas y terceros que incumplan las normas de financiamiento político.

Finalmente, se tiene que trabajar sobre una cultura política que entienda que la rendición de cuentas no es sólo mayor burocracia para los partidos, sino un “airbag” de protección para el sistema democrático.

De cara a una nueva elección legislativa, conocer cómo se financia la política y quién pone el dinero es clave para entender también a quién le deberán responder quienes resulten electos.