El Senado de Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna, una normativa que habilita la eutanasia en el país bajo condiciones estrictas. Con 20 votos a favor de un total de 31 senadores presentes, el país se convirtió en el primero de América Latina en despenalizar esta práctica mediante una ley. Hasta ahora, solo Colombia y Ecuador la permitían, aunque a través de fallos judiciales y no por decisión del Parlamento.
La ley fue debatida durante años y generó un amplio intercambio entre médicos, juristas, religiosos y legisladores. En 2020, la iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero recién este 2025 obtuvo la ratificación del Senado, que cerró un proceso histórico.
La Ley de Muerte Digna, compuesta por 13 artículos, establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que sufran una enfermedad terminal, incurable e irreversible, con un deterioro grave de su calidad de vida. El procedimiento deberá ser solicitado por escrito, tras un diálogo con el médico tratante, quien verificará que la decisión sea libre, seria y firme.
Si el profesional da su aprobación, se requerirá la evaluación de un segundo médico en un plazo máximo de cinco días. En caso de discrepancia, intervendrá una Junta Médica formada por tres especialistas, entre ellos un psiquiatra. La persona podrá revocar su decisión en cualquier momento, sin justificación.
Una vez confirmada la solicitud, el médico responsable llevará adelante el procedimiento donde y cuando lo decida el paciente, e informará al Ministerio de Salud Pública. La ley aclara que ningún profesional será penalmente responsable por participar y que se respetará la objeción de conciencia de quienes no quieran realizarlo.
La normativa también impide que se apliquen eutanasias a extranjeros no residentes, y prohíbe la creación de clínicas dedicadas exclusivamente a este fin.
Con esta decisión, Uruguay se suma a una lista reducida de países donde la eutanasia es legal, como Bélgica, Canadá, España, Nueva Zelanda y los Países Bajos, consolidando un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a morir dignamente.
