Denuncia penal contra autoridades de la OSEF

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego resolvió denunciar penalmente a las autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tras una extensa investigación iniciada por múltiples reclamos de afiliados que denunciaron falta de cobertura médica, suspensión de prestaciones y ausencia total de respuesta institucional. La decisión plasmada en el dictamen 3/26, emitido el pasado jueves 12, apunta a presuntos incumplimientos de deberes funcionales y posibles delitos contra la administración pública.

 

Las actuaciones comenzaron a partir de presentaciones de beneficiarios que expusieron situaciones de extrema gravedad: interrupción de tratamientos psiquiátricos, neurológicos y cardiológicos, dificultades para acceder a medicamentos oncológicos, demoras en la provisión de prótesis y suspensión de servicios en clínicas y farmacias.

 

En Córdoba, afiliados denunciaron además la caída del convenio de reciprocidad con APROSS, lo que dejó sin cobertura a jubilados y estudiantes residentes en esa provincia.

 

Según el dictamen, la respuesta de la OSEF fue tardía, parcial y en muchos casos inexistente. La Fiscalía debió remitir al menos siete notas formales, algunas bajo apercibimiento penal, antes de obtener un descargo incompleto.

 

Se describen trámites calificados como “urgentes” que se extendieron por más de cinco meses, en abierta contradicción con los plazos previstos por la normativa administrativa.

 

En paralelo, se analizó la presunta falta de remisión de aportes y contribuciones por parte del Gobierno provincial y de los municipios de Río Grande y Tolhuin.

 

La documentación incorporada confirmó la existencia de deuda certificada por más de 2.600 millones de pesos correspondientes a los municipios, respaldada por la emisión de certificados con carácter de título ejecutivo que habilitaban el inicio inmediato de acciones judiciales de cobro.

 

Respecto del Poder Ejecutivo provincial, también se reconoció que al mes de diciembre de 2025 la existencia de una deuda de 163 millones de pesos por la mora en el pago de las contribuciones correspondientes al octubre pasado, pero desde la OSEF se argumentó que el monto preciso de esa deuda no pudo determinarse con claridad debido a deficiencias en la registración e imputación contable de fondos ingresados.

 

Es decir, la propia obra social admitió que no podía establecer con certeza el saldo pendiente por falta de información interna, una situación que la Fiscalía calificó como una grave falencia de gestión y control.

 

Lo más relevante es que, pese a contar con títulos ejecutivos firmes y exigibles, “las máximas autoridades del ente autárquico no han iniciado o bien demoran indebidamente el inicio de las acciones judiciales e institucionales pertinentes para el cobro de las acreencias millonarias”.

 

Inacción que, para la Fiscalía de Estado, resulta particularmente significativa si se tiene en cuenta que el propio servicio jurídico de la OSEF describió la existencia de un “quiebre estructural en la cadena de pagos” y una “afectación directa al derecho a la salud”, atribuyendo la crisis a la falta de transferencia de recursos.

 

El dictamen introduce un elemento de especial gravedad; la sospecha de que la crisis financiera no habría sido solo consecuencia de incumplimientos externos, sino que pudo haber sido generada o profundizada por la propia inacción de las autoridades del organismo.

 

La demora injustificada en iniciar acciones de cobro, sumada al uso reiterado de mecanismos excepcionales de contratación bajo invocación de urgencia, podría haber contribuido a configurar un escenario de asfixia financiera funcional a la elusión de controles.

 

Informes de la Auditoría Interna advirtieron que procedimientos que debían resolverse en menos de dos semanas se extendieron por más de cinco meses antes de ingresar a fiscalización. Se señaló una posible elusión de la Ley Provincial de Compras y Contrataciones, que exige transparencia, concurrencia e igualdad en los procesos de adquisición.

 

Además, proveedores de insumos médicos habrían suspendido la cuenta corriente de la obra social por facturas impagas, obligando a realizar pagos anticipados en condiciones menos favorables para el erario público.

 

Para la Fiscalía, la omisión de promover acciones judiciales frente a deudas millonarias, en un contexto en el que la propia obra social reconocía una crisis que afectaba prestaciones esenciales, podría encuadrar en delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y omisión de denuncia.

 

La resolución ordena radicar la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y notificar al Gobernador, a la Legislatura Provincial y al Tribunal de Cuentas.

 

El pronunciamiento advierte que “lamentablemente, no es ésta la primera ocasión en que me veo obligado a actuar ante el incumplimiento del Estado en el pago de contribuciones a su propia Obra Social, acompañado de la tolerancia, complacencia, connivencia a complicidad de los funcionarios de ésta, mientras se interrumpe el servicio de salud, los prestadores suspenden la entrega de insumos y se multiplican los amparos judiciales”, y recuerda antecedentes históricos de crisis similares en el antiguo ISST y en el ex IPAUSS.