El Gobierno pondrá a disposición del público una base de datos de 12 millones de precios diarios de 3600 supermercados de todo el país

El Gobierno pondrá a disposición del público la base de datos con todos los precios de productos de consumo masivo que informan diariamente distintos comercios de todo el país. Así, según especificaron fuentes al tanto de la iniciativa, en los próximos día se podrá acceder a 12 millones de precios diarios de 3600 supermercados.

“Los supermercados van a seguir informando los valores como hasta ahora. Lo que cambia es que se abren los datos para acceso público diario”, dijeron fuentes oficiales al tanto de la iniciativa. Se trata de una continuidad de la plataforma Precios Claros, que habilita la comparación de precios de diferentes productos en distintos supermercados, con la posibilidad de identificar puntos de venta cercanos a cada consumidor. Según sostienen en el Gobierno, esta nueva alternativa dará a los usuarios un acceso completo a toda la base para hacer los cruces de datos (y no limitarse a la búsqueda y comparación puntual sobre un producto).

Los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo, con excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas, están obligados a informar los precios por la resolución 12/2016 del 12 de febrero de 2016, cuando se creó el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos en el ámbito de la Secretaría de Comercio. A raíz de esta resolución, en mayo de ese año se lanzó Precios Claros, el sistema de información online para los consumidores.

Según ese sitio web, que aún está vigente, se pueden consultar los precios de más de 23.000 productos, y los consumidores pueden consultar los valores de un solo producto o armar una lista para comparar sus precios en los 30 comercios más cercanos a su localización, para decidir dónde comprar mejor.

Asimismo, los ciudadanos podían realizar reclamos por inconsistencias en los datos informados por los comercios: precios que no coincidían, productos presentes en la góndola no informados, sucursales sin datos o productos con precios faltantes en la góndola, así como también realizar sugerencias para mejorar el funcionamiento del sistema.

La plataforma fue desarrollada por el Ministerio de Modernización durante la presidencia de Mauricio Macri, a cargo de Andrés Ibarra, mientras que la iniciativa surgió de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, de Fernando Blanco Muiño, quien hoy está también en el Gobierno como subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Fentes del supermercadismo aclararon que la resolución se viene cumpliendo desde hace ocho años y que el Gobierno estaría por lanzar una renovación. Si bien la gestión actual avanzó con desregulaciones y eliminaciones de normas en torno a la secretaría de Comercio, la resolución 12/2016 no fue eliminada.

A través de la resolución 51/2024 del 26 de enero, firmada por el secretario Pablo Lavigne, se derogaron decenas de resoluciones que obligaban a las empresas a dar información al Estado. Por ejemplo, se apuntó contra el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire) y contra un régimen informativo especial que se creó con alcance para la industria de la carne, que obligaba a las firmas de los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización a comunicar a la entonces Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, el último día hábil de la semana de cada mes calendario, la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacuno comercializados, también su precio promedio diario de venta por unidad de medida y, además, la categoría de origen de los productos.

También se derogó el régimen de información anual de colegios privados y universidades privadas. A las entidades se les había impuesto la obligación de comunicar a la Secretaría de Comercio, en cada mes de octubre, su matrícula y sus cuotas para el ciclo lectivo siguiente.

Esa resolución estuvo en línea con la derogación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas y del Observatorio de Precios, incluida en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 firmado por Milei 10 días después de su asunción.