El Gobierno vetó la ley que prohibía cortes de luz, agua y gas durante el invierno

El gobernador Gustavo Melella vetó totalmente la ley que prohibía los cortes de luz, agua y gas por falta de pago durante el invierno. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto Provincial 0881/26 publicado en el Boletín Oficial y se suma a una seguidilla de vetos sobre proyectos aprobados recientemente por la Legislatura. 

La iniciativa vetada establecía la prohibición de cortar o retirar conexiones domiciliarias de servicios esenciales entre el 1° de junio y el 30 de septiembre para usuarios residenciales en situación de mora. También contemplaba mecanismos de revisión tarifaria y restricciones para futuros aumentos.  

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la norma “invade esferas constitucionales reservadas al Poder Ejecutivo”, afecta competencias regulatorias y compromete la sustentabilidad económica y operativa de las prestatarias. Además, argumentó que una prohibición generalizada podría incentivar conexiones irregulares, aumentar el fraude y profundizar la crisis energética. 

El Gobierno también planteó que la Legislatura avanzó sobre materias vinculadas al régimen tarifario y a facultades de administración que la Constitución provincial reserva al Ejecutivo. Incluso cuestionó que la ley no diferenciara entre usuarios vulnerables y otros sectores con capacidad de pago. 

El veto se produce en medio de un contexto económico marcado por el fuerte aumento de tarifas, caída del poder adquisitivo y dificultades crecientes de muchas familias fueguinas para afrontar servicios básicos en pleno invierno.

La decisión además profundiza el escenario de tensión política entre el Gobierno y distintos bloques legislativos. En el mismo Boletín Oficial también fueron publicados otros vetos impulsados por el Ejecutivo, entre ellos el rechazo al sistema de transferencia inmediata de aportes a OSEF y Caja Policial, modificaciones vinculadas al régimen de subsidios al GLP y cambios sobre ejecuciones del BTF a retirados policiales. 

En pocas semanas, el Ejecutivo pasó de sostener diferencias parlamentarias puntuales a consolidar una estrategia de confrontación abierta con iniciativas aprobadas por mayoría legislativa, defendiendo de manera reiterada sus “facultades exclusivas” de administración y regulación.