El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional al considerar que no se trata de una sentencia definitiva. De este modo, quedó vigente la resolución judicial que ordena garantizar la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, así como la continuidad de las becas estudiantiles contempladas por la ley.
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a distintas universidades nacionales, que reclamaron la plena aplicación de la normativa sancionada por el Congreso.
Con esta decisión, la Corte ratificó lo resuelto por las instancias judiciales anteriores y mantuvo la obligación del Estado nacional de cumplir con la ley mientras continúa el proceso sobre el fondo de la cuestión.
La resolución fue recibida con satisfacción por autoridades universitarias y referentes del sistema de educación superior. Entre ellos, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, destacó que «la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario» y sostuvo que el fallo representa un respaldo a la defensa de la universidad pública como herramienta de desarrollo y movilidad social.
El fallo constituye un nuevo capítulo en el debate por el financiamiento de las universidades nacionales y refuerza, en esta etapa del proceso judicial, la vigencia de una ley que busca garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones, el pago de salarios y el sostenimiento de las políticas de permanencia estudiantil.