El operativo lo impulsó la Falkland Islands Development Corporation, el organismo que maneja el desarrollo económico de las islas. La comitiva la encabeza Louise Ellis, subdirectora general de esa entidad, e integra también Mike Summers, titular de la Cámara de Comercio isleña y exmiembro de la Asamblea Legislativa local. Entre los participantes se encontrarían empresas vinculadas a la construcción, la pesca, el comercio minorista, la hotelería, el agro, los servicios portuarios y el transporte marítimo, además de funcionarios del gobierno de las islas.
El intendente de Punta Arenas, Claudio Radonich, planteó las expectativas de convertirse en "el gran supermercado, el gran home center" para los habitantes del archipiélago. “Saldría mucho más barato que traerlos de Uruguay. En ese sentido lo que se busca es dar empleo y mayor desarrollo a las pymes locales”, sostuvo, y estimó en 20 millones de dólares anuales el poder de compra del archipiélago.
“Vamos a ser como el gran supermercado, el gran Home Center de las Islas y sus habitantes”.
Por su parte, la subdirectora de la corporación isleña, Louise Ellis, calificó esta misión como “la mayor delegación comercial enviada de la historia” desde el archipiélago, porque se trata de 80 empresas y emprendedores tentados con hacer negocios tomando a Punta Arenas como un punto de partida y entrada de sus productos.
En el mismo sentido, el especialista en temas australes Andrés Monteros sostuvo en una columna de opinión en el sitio de noticias Mercopress, que “Argentina puede sostener su reivindicación sobre las Falkland (Malvinas). Puede expresar su desacuerdo con la relación comercial entre Chile y las Islas. Sus dirigentes pueden incluso criticar públicamente el proyecto. Pero una cosa es expresar una posición política y otra muy distinta es pretender impedir, por vías administrativas o diplomáticas, una operación comercial que se desarrolla entre un puerto chileno y Port Stanley”
La rueda de negocios funciona como antesala de algo más concreto. Para noviembre está prevista la reapertura de una conexión marítima directa entre Punta Arenas y Stanley —Puerto Argentino, según la denominación argentina—, a cargo de una naviera chilena.
Cabe recordar que, hace tres semanas, durante la visita oficial de Javier Milei a Santiago, los gobiernos de la Argentina y de Chile suscribieron un comunicado conjunto en el que Santiago reconoce el reclamo argentino de soberanía y se compromete a no brindar apoyo logístico al desarrollo de las islas.
Asimismo, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, declaró: "Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas".
Barros planteó que la controversia debe resolverse "conforme al derecho internacional" y "por la vía pacífica", aunque agregó una condición que la Argentina rechaza de plano: respetando "la voluntad e interés de las personas involucradas", es decir, el principio de autodeterminación que invocan los isleños y el Reino Unido.
Sobre el comercio fue explícito: dijo que no ve "inconveniente" en el intercambio entre Magallanes y las islas, y reconoció que la exploración petrolera "puede ser un poco más conflictiva".
El punto más delicado de sus declaraciones apuntó a una herramienta argentina vigente desde 2010. El decreto 256 exige autorización previa para los buques que navegan entre puertos argentinos y el archipiélago, y podría alcanzar a la nueva ruta marítima.
"Magallanes ha sido afectada negativamente por ciertas políticas que llevan 15 años, que limitan el acceso, la oportunidad de negocios, tanto en el ámbito de bienes y de servicios a ciertas embarcaciones", sostuvo el ministro, y anticipó que "recién ahora va a haber un cambio en esa materia". También confirmó que Chile proyecta reforzar su presencia militar en la zona austral.
Todo esto ocurre en medio del prooyecto impulsado por el Gobierno nacional en donde se modificó la Ley 26.659 y endurecer las sanciones contra las empresas que exploren hidrocarburos en la zona, abrió procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y compañías, y reasignó recursos para la base naval en Tierra del Fuego.
Del otro lado, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, respondió el fin de semana en una entrevista con The Sun: afirmó que la Argentina "carece de la capacidad" de tomar las islas, que el Reino Unido está en condiciones de defenderlas y que "esto no es 1982". Calificó además los planteos de Milei como "la misma vieja propaganda falsa".
Fuente: Sur54