La Fiscalía de Estado constató irregularidades en el Ministerio de Educación

El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, emitió un dictamen vinculado a la denuncia efectuada por el Secretario  Gremial del SUTEF, Horacio Catena, en 2014. El dirigente había solicitado que se investigaran presuntas irregularidades en la contratación, prestación y pago del servicio de retiro y entrega de documentos entre diversas dependencias del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego.

Si bien Martínez de Sucre admitió que hay cuestiones que resultan ajenas a las competencias de la fiscalía a su cargo y que le competen al Tribunal de Cuentas (órgano al que ordena que se remita la documentación pertinente para su evaluación) mencionó en su dictamen 08/15 (del 12 de marzo de 2015) una serie de irregularidades relacionadas con el tema.

El Fiscal de Estado señaló que el auditor interno del Ministerio de Educación verificó que, en agosto de 2014, el servicio de correspondencia estaba siendo realizado por Gustavo Lacaze y cancelado a través de fondos específicos del propio ministerio. El auditor consideró necesario determinar si los fondos erogados para abonar este servicio podían ser empleados para tal destino o si por el contrario se utilizaron fondos de afectación específica que deberían ser destinados ineludiblemente a otros fines.

Otra de las irregularidades detectadas por el auditor y mencionadas por Martínez de Sucre, radica en los montos de la contratación. Según el decreto provincial 2976, a fines de 2014 se adjudicó el servicio por una suma mensual de $23.088, inferior a la de $27.988 aprobada en la orden de compra vencida el 17 de abril de 2010 “sin que exista constancia de que el proveedor hubiera ratificado el mantenimiento de sus ofertas cuando éstas habrían perdido vigencia al cumplirse los 30 días de la última comunicación en tal sentido y además había incrementado, con anterioridad, el importe de su facturación mensual de $27.988 a $37.000” tal como se pudo corroborar en las facturas del proveedor.

El Fiscal de Estado citó una tercera observación efectuada por el auditor interno que consideró que “resulta insuficiente la explicación esgrimida tratando de justificar el incremento del valor a $37.000, que el proveedor comenzó a facturar a partir del periodo abril 2014, pues si en forma paralela se estaba negociando una contratación, con el mismo proveedor  y por un importe inferior; es imprescindible dejar en claro el motivo por el cual se aprobó un incremento de tarifas sobre un valor que ya no encontraría cobijo en la normativa que orienta esta contratación, pues la orden de compra que aprobaba dicha suma había perdido vigencia cuatro años atrás; y más aún desconociendo si se continuó contratando y pagando un servicio que requería haberse adecuado a un determinado marco legal que amparase su continuidad y habilitase la consecuente erogación de fondos públicos para pagarlo”.

Martínez de Sucre indicó que las cuestiones enumeradas son competencia del Tribunal de Cuentas Provincial, no obstante consideró que la demora en la gestión es “a todas luces irregular” y que se da “desde hace ya tiempo en varias áreas del Poder Ejecutivo”. Expuso que “aunque en algunos casos no se configuren ilícitos que ameriten la intervención de la justicia penal, tales hechos dan cuenta de un exagerado apartamiento de los límites establecidos por la legislación”.

El Fiscal de Estado indicó que el expediente permaneció inactivo desde el 14 de marzo de 2012 hasta que 2 años y medio más tarde, el 20 de noviembre de 2014, se remitieron las actuaciones al servicio jurídico del Ministerio de Educación, que se limitó a ratificar la opinión que tiempo atrás ya había vertido en varios dictámenes; para luego, en el transcurso de 6 días hábiles, tramitarse y emitirse en dependencias del Ministerio de Educación dos actos administrativos y 4 días después registrarse al decreto provincial 2976/14 sin mediar opinión jurídica de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.