El Gobierno acumula una deuda millonaria con empresas de gas para sostener el superávit fiscal

Para lograr el riguroso superávit fiscal que anuncia el Tesoro todos los meses, el equipo económico en ocasiones debe recurrir a prácticas más heterodoxas. Entre ellas, se encuentra el retraso en los pagos a los proveedores, que en este caso son las productoras de gas.

A la fecha, el Ministerio de Economía adeuda al sector el 45% de la factura de gas correspondiente a junio, lo que equivale a $150.000 millones, o US$105 millones al tipo de cambio mayorista del Banco Nación ($1430).

Hoy, además, vence la factura de julio, el mes de mayor consumo de gas, con un gasto de $360.000 millones, equivalente a US$250 millones. En total, se trata de US$350 millones que afectan de manera directa la liquidez de las empresas.

En agosto pasado, las compañías ya habían presentado un reclamo conjunto por esta situación, luego de cursar previamente intimaciones individuales a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), encargada de administrar los contratos del Plan Gas.Ar, el programa que garantiza un precio mínimo por la producción nacional de gas.

A través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE), que nuclean a las principales productoras del país, se enviaron cartas a los secretarios de Energía, María Tettamanti, y de Hacienda, Carlos Guberman, en las que advertían que las deudas “ponen en riesgo los planes de inversión”.

Entre las empresas figuran YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. Las productoras sostienen que la falta de respuesta y la magnitud de los atrasos comprometen la hoja de ruta de inversiones prevista en el marco del plan.

“La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones de nuestros asociados”, señalaban las cartas de reclamo.

El enojo de las compañías no solo se centra en el atraso de los pagos, sino también en que el Tesoro no reconoce los intereses por mora ni las penalidades derivadas de los incumplimientos de las cláusulas take or pay [tomar o pagar] previstas en los contratos. Estas establecen compensaciones cuando la demanda no alcanza los volúmenes comprometidos por la empresa compradora.

En su momento, el Gobierno explicó que, a medida que mejorara la recaudación impositiva, liberaría los fondos para regularizar los pagos. El problema fue que, en septiembre, la recaudación cayó 8,9% interanual en términos reales, entre otras razones, por la decisión del equipo económico de eliminar de manera transitoria las retenciones al agro (los ingresos por derechos de exportación cayeron 21%).

“La foto es mala y la película es peor”, dicen en el sector, ya que en noviembre y diciembre también vencerán facturas con montos elevados, correspondientes a los consumos de agosto y septiembre.

“Nos vienen pagando de a puchitos, pero nunca reconocen los intereses, a diferencia de Cammesa [la otra empresa de energía controlada por el Estado que se encarga de los despachos de electricidad], que sí los paga y mantiene un ritmo de cancelación mucho mejor. Esto impacta en la posibilidad de seguir realizando reinversiones. Además, en este momento está complicado salir a financiarse en el mercado, con lo cual los atrasos afectan directamente la única fuente de financiamiento, que es la caja”, explican en reserva fuentes del sector.

El encargado de autorizar los pagos es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien ejerce un férreo control sobre los gastos. Esto explica, en parte, por qué en agosto el gasto en subsidios a la energía cayó 19% interanual (último dato oficial), según la consultora Economía y Energía (EyE).

Los pagos que realiza Cammesa a los productores por el gas adquirido para abastecer las centrales térmicas se cumplen en tiempo y forma, ya que el Gobierno se comprometió a honrar sus compromisos luego de que, en febrero del año pasado, el Tesoro las perjudicara con la entrega del bono AE38 como forma de pago. Era un título que cotizaba al 50% de su paridad y que se utilizó para cancelar las deudas acumuladas de tres meses.

En los primeros ocho meses del año, los subsidios al sector sumaron US$2331 millones, lo que representa una caída de US$2492 millones respecto de los US$4823 millones acumulados el año pasado. Para 2025, se espera que los subsidios energéticos bajen del 0,9% al 0,6% del PBI.

Esta reducción se explica principalmente por la baja base de comparación —ya que el Gobierno ajustó las tarifas en abril del año pasado— y por la sustitución de importaciones gracias al aumento de la producción local.